El objeto del estudio es identificar, describir e interpretar las institucionalidades y procesos emergentes que agencian comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad social, como estrategias para su empoderamiento, en la ciudad de Manizales. El enfoque metodológico es cualitativo, su diseño socio-jurídico incorpora algunos elementos de la investigación participativa que propició la intersección acción colectiva y acción jurídica. El artículo presenta las condiciones de empoderamiento o desempoderamiento que acompañan las acciones de grupos de mujeres cabeza de familia en Manizales. En las conclusiones se propone un reforzamiento de las políticas públicas que aporten a la formación de mujeres con jefatura de hogar para que puedan alcanzar sus capacidades.

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La investigación tiene como objeto comprender la eficacia de las políticas públicas relacionadas con la seguridad alimentaria para la primera infancia, destacando el estudio de referencias teóricas, bibliográficas, normativas y otras fuentes estadísticas para la interpretación de este fenómeno social. El diseño metodológico es cualitativo con un enfoque histórico- hermenéutico para analizar y establecer la aplicabilidad de las políticas públicas que se tienen en el campo de la seguridad alimentaria, pero incluye algunos insumos de los estudios cuantitativos que favorecen la interpretación de los beneficios de alimentación otorgados a los niños y niñas por parte del Estado colombiano en la ciudad Manizales. En conclusión, se observa que el concepto de seguridad alimentaria en la primera infancia, requiere un reforzamiento en clave de su intersección como derecho humano-fundamental y la creación de políticas públicas acordes con la condición de sujetos de especial protección, aspecto que permitiría acrecentar su eficacia.

El artículo analiza los métodos alternativos de resolución de Conflictos-MASC de cara a los retos y problematizaciones que afronta la administración de justicia alternativa con la supresión de la función conciliatoria a las comisarías de familia en casos de violencia familiar. La metodología se basa en revisión documental y bibliográfica respecto a las normas constitucionales y legales que regulan la conciliación y el impacto socio-jurídico que la normativa imprime en términos de acceso y descongestión judicial por la mengua de instituciones y funcionarios facultados para conciliar en asuntos de violencia intrafamiliar. Los resultados indican que la Constitución Política de 1991, consagró una estructura excepcional y transitoria para la resolución de las controversias a través de la conciliación y ello facilita la protección de derechos de carácter fundamental, pero también de contenido económico. Se concluye que la eliminación de la función conciliatoria a las comisarías de familia en casos de violencia familiar disminuye el efecto de los mecanismos alternativos, siendo necesario crear políticas públicas que respondan a este impacto negativo y evaluar de forma escalonada el alcance de la ley en términos de competencias, especialidades y aumento de solicitudes.

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