El Frente Amplio llegó al gobierno en 2005 con la promesa de construir un Sistema Nacional Integrado de Salud, en un entorno institucional muy resistente a los cambios. La revisión de este proceso de reforma a partir del Advocacy Coalition Framework, parece dar cuenta que la coalición promotora presentó entre sus integrantes acuerdos inestables en su núcleo duro de creencias, producto de la coyuntura de crisis. Por ende, una vez que la reforma garantizó la supervivencia de cada actor, las diferencias existentes dentro de la coalición entre los aspectos políticos y secundarios, podría haber puesto un importante freno al impulso reformista, consolidando así un nuevo “congelamiento”. De confirmarse esta hipótesis, podría argumentarse que este resultado podría explicarse por la secuencia de implementación de los cambios, que al mismo tiempo que le brindó viabilidad política, re-fortaleció actores que venían muy debilitados, reconstruyendo así vetos históricos.

Resumen En 2005, el triunfo del Frente Amplio (FA) modificó la estructura de oportunidad política del país por tratarse de un partido político de izquierda, tradicional aliado de los movimientos sociales en las distintas campañas de protesta contra los gobiernos que se sucedieron entre 1985 y 2014. Luego de 15 años de gobierno del FA, cabe preguntarse: ¿Qué novedades existieron en la matriz de articulación sociopolítica del país? ¿Cómo afectaron los cambios a la conflictividad sociopolítica del país? En este artículo nos centraremos en tres expresiones de conflictividad novedosas que dieron cuenta de patrones de relacionamiento inéditos entre movimientos sociales, sistema político y gobierno: la ola de protesta del movimiento ambiental contra inversiones extranjeras directas, los grupos anti-derechos que reaccionaron a la nueva agenda de derechos, y el movimiento Un Solo Uruguay, que planteó conflictos redistributivos asociados a las demandas tradicionales de las gremiales rurales. Estos casos expresan dos novedades importantes. Por un lado, rompen con la histórica articulación entre el FA y los movimientos sociales. Por otro, el surgimiento de movimientos sociales asociados a las demandas de los partidos de derecha.

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Uruguay comenzó en 2010 un proceso de descentralización que tuvo como principal pilar la creación de un tercer nivel de gobierno: los municipios. Uno de los objetivos de esta reforma fue fortalecer los lazos entre ciudadanos y representantes, buscando un mayor involucramiento de la población en la toma de decisiones sobre los asuntos locales. En 2017, transcurriendo ya el segundo período de instalación de los municipios cabe preguntarse: ¿Los municipios funcionan como canales efectivos de representación y tramitación de demandas? ¿Logran los ciudadanos manifestar sus preferencias ante los representantes haciendo valer “su voz” en las decisiones de gobierno? Se busca responder a estas preguntas a través del análisis de dos fuentes primarias de información. En primer lugar, se realizó una base de datos original, que toma en cuenta más de 4000 resoluciones de los municipios del Departamento de Canelones en los años 2015 y 2016. En segundo lugar, se encuestó a 30 alcaldes. De acuerdo a la investigación, se demuestra que los nuevos gobiernos locales han logrado acercar a los ciudadanos y sus representantes. Esto ha redundado en que las demandas ciudadanas suelen transformarse en acciones de gobierno. Ello permite abonar la tesis de que, al profundizar los procesos de descentralización, los gobiernos locales pueden ser canales efectivos de representación de las demandas ciudadanas. Sin embargo, también se argumenta que cuando la descentralización política no va acompañada de la transferencia de competencias y recursos, la capacidad de incidencia sobre los problemas más relevantes de la localidad tiende a ser limitada.