<p>La Convención para la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de UNESCO produce modificaciones tanto en la regulación como en la gestión del patrimonio cultural. En Argentina, esto se presenta a partir del aumento de las normas tutelares del patrimonio, y de la multiplicación de los organismos gubernamentales con competencia sobre el mismo. La superposición regulatoria y administrativa derivada de la intersección de los ordenamientos internacional, nacional y sub-nacional produce una alteración de la distribución de competencias al interior del Estado.</p><p>El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto esta alteración a partir del análisis de un caso testigo: el proceso de sanción de la ordenación urbana de la ciudad de Colonia Caroya, en la Provincia de Córdoba, Argentina. En el ejido de esta municipalidad se encuentra la Estancia Jesuítica homónima, declarada en el año 2000 Patrimonio Mundial como parte del Conjunto Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba.</p><p>A partir del análisis de contenido de un corpus documental se visualizará un conjunto de acciones y gestores en diversos niveles nacionales y sub nacionales que intervienen en la regulación, modificando la distribución de competencias establecida constitucionalmente. Ello da cuenta de los complejos procesos que se producen en la gestión de los sitios del Patrimonio Mundial y exhibe la ausencia de normas articuladoras de los diversos niveles administrativos con atribuciones sobre los mismos.</p>

El sitio Ramsar Delta del Paraná comprende un territorio de 240.000 hectáreas localizadas en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Fue inscripto en la lista de Humedales de Importancia Internacional creada por la convención del mismo nombre en 2016. Para la gestión de este sitio se conformó un Comité Intersectorial de Manejo (CIM) conformado por las representaciones de ambas provincias, la Administración de Parques Nacionales y diversas instituciones interesadas en la gestión del sitio, incluyendo aquellas que nuclean saberes académicos. La participación ciudadana se canaliza a través de organizaciones de la sociedad civil (mayoritariamente ONG’s) que realizan acciones territoriales en el Delta del Paraná. En este artículo nos proponemos caracterizar la forma de organización estatal que se pone en práctica para gobernar este territorio interjurisdiccional y las nuevas demandas de este sitio en particular para el federalismo

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Resumen La necesidad de modificar la ley de patrimonio histórico y artístico argentina fue un anhelo de larga data que se cristalizó en 2015. Un aspecto interesante de esta reforma es la incorporación de categorías patrimoniales y criterios que derivan de Cartas y Documentos Internacionales (originados en ICOMOS y UNESCO) que constituyen normas de soft law. Pese a que este tipo de normas no son vinculantes para los Estados, su introducción en la modificación de la ley permite analizar las características que asume la incidencia del soft law en el derecho interno argentino. En este marco, el objetivo de este trabajo consiste en analizar la introducción de un conjunto de normas de soft law en la mencionada ley y discutir su impacto desde el punto de vista conceptual, así como en la propia modalidad de gestión estatal. La incorporación de nuevas categorías patrimoniales y áreas de amortiguamiento, sumada a nuevas vías de acción administrativa (que incluyen la aplicación de mecanismos vigentes a nivel internacional y las activaciones patrimoniales), constituyen ejemplos elocuentes de un cambio paradigmático en la conceptualización del patrimonio, así como la concreción de una vía de actuación más flexible y de mayor autonomía para la autoridad de aplicación.