Ahora bien, hay una pregunta que podemos hacernos: ¿es todo culpa del virus? A partir de la crisis financiera de 2008, si no antes, se intensificaron las medidas de austeridad que desembocaron en importantes reducciones en el gasto público, en el gasto en lo común. Estas reducciones tuvieron especial incidencia en la sanidad pública, en la educación pública y en los mecanismos de protección social a las personas más vulnerables. Fue una reducción brutal de aquello que había sido una característica de los estados europeos – y no sólo: el Estado de Bienestar. A partir de la crisis de 2008, el llamado neoliberalismo salió fortalecido, los financieros resurgieron más ricos y la gente común más pobre y con menos recursos, no sólo propios, sino de los sistemas de protección pública. El caso de la sanidad pública en España - hay en 2020 menos personal sanitario que en 2008 - es el ejemplo perfecto de como el austericidio está poniendo en peligro ahora la vida de las personas: tanto de las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad, como las personas enfermas a las que ese sistema sanitario debe atender. Los cambios y transformaciones en las políticas educativas son anteriores a la crisis de 2008. Se pergeñaron al inicio de este siglo y han ido tomando forma bajo el paraguas de los rankings, las comparaciones, la introducción de un lenguaje monetario y unas finalidades centradas en la economía

La situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ha tenido consecuencias económicas y sociales. De este escenario pandémico hemos aprendido una nueva forma de afrontar las dificultades y de pensar en lo comunitario, priorizando la salud del pueblo en detrimento del bienestar propio. Esta manera de enfrentarnos a los problemas en la que se apela a la responsabilidad individual para favorecer el bien común, es un aprendizaje que debemos recordar y reforzar, principalmente en el ámbito socioeducativo. En este artículo se muestra el resultado de un estudio cualitativo apoyado en una consulta realizada a entidades sociales dedicadas a la atención de adicciones y exclusión social en Andalucía (N=96), una región al sur de España. Cuyo objetivo era conocer su reacción y la respuesta que dieron para paliar la incertidumbre de las personas atendidas desde los primeros momentos de confinamiento hasta la apertura paulatina de restricciones impuestas por la declaración del Estado de Alarma en España. Entre los resultados destacamos la creatividad y resiliencia de las asociaciones para continuar el trabajo diario afrontando nuevos retos como la brecha digital y el cierre de puertas de los servicios de atención primaria. Por último, se exponen varias experiencias positivas que se han considerado buenas prácticas por innovar ante la adversidad para seguir apoyando a las personas más vulnerables, en concreto una campaña de sensibilización sobre personas sin hogar y un programa de reinserción social dirigido a personas privadas de libertad.

Este artículo pretende mostrar los resultados de una investigación sobre el significado psicológico de participación entre jóvenes en situación de riesgo social atendidos en asociaciones de prevención de drogodependencias de la provincia de Sevilla. Se trabajó con una muestra de 19 personas distribuidas entre el ámbito urbano y rural. Se aplicó la técnica de las redes semánticas naturales (FIGUEROA, GONZÁLEZ Y SOLÍS, 1981; VALDEZ, 1998). Los resultados muestran diferencias entre los dos contextos (rural y urbano) en términos de estilos de promoción de la participación. Por tanto, los hallazgos mostrados confirman los modelos teóricos sobre la participación infanto-juvenil (HART, 1993; FRANKLIN, 1995; TRESEDER, 1997; SHIER, 2001, TRILLA Y NOVELLA, 2001) y la relación de dicho concepto con la implicación y la responsabilidad asumida por el/la participante.

Desde la Estrategia Europea 2020, se apuesta por la flexiseguridad en materia laboral. Con este nuevo contexto laboral, resulta imprescindible incorporar la formación en competencias técnicas, personales y sociales en todos los niveles educativos. Sin embargo, analizando las políticas de empleo de la última década en España, las principales líneas de actuación han ido dirigidas hacia la reducción del número de parados/as, sin tener en cuenta el acceso al empleo de calidad o la mejora de las condiciones laborales para los/as empleados/as, optando más por la flexibilidad para el empresariado que por la seguridad para el/la empleado/a.  En este artículo presentamos una comparativa entre los países europeos y España, así como las diferencias en el propio territorio español, evidenciando que las políticas más eficientes son aquellas que apuestan por la formación, el reciclaje profesional y la mejora de las condiciones laborales.

Desde la Estrategia Europea 2020, se apuesta por la flexiseguridad en materia laboral. Con este nuevo contexto laboral, resulta imprescindible incorporar la formación en competencias técnicas, personales y sociales en todos los niveles educativos. Sin embargo, analizando las políticas de empleo de la última década en España, las principales líneas de actuación han ido dirigidas hacia la reducción del número de parados/as, sin tener en cuenta el acceso al empleo de calidad o la mejora de las condiciones laborales para los/as empleados/as, optando más por la flexibilidad para el empresariado que por la seguridad para el/la empleado/a.  En este artículo presentamos una comparativa entre los países europeos y España, así como las diferencias en el propio territorio español, evidenciando que las políticas más eficientes son aquellas que apuestan por la formación, el reciclaje profesional y la mejora de las condiciones laborales