RESUMENA través de un análisis del significado normativo de la explotación, el artículo ofrece razones para defender la tesis de que los principios de la justicia distributiva igualitarista deben aplicarse globalmente. La existencia de un sistema económico internacional, que produce relaciones de explotación, exige la aplicación de están-dares de justicia distributiva igualitaria por dos tipos de consideraciones. En primer lugar, porque sobre la explotación pesa un deber de justificación equivalente al que pesa sobre el ejercicio de coerción y, en segundo término, porque la explotación supone niveles altos de cooperación e interdependencia económica e institucional.

Many of us feel that there is something distinctly wrong about punishing people who are extremely poor. Criminal law theorists have offered different explanations for this disquietude, among these is the idea that punishing the poor may be unwarranted because extreme poverty undermines the authority of the state to punish. This article argues that the issue of authority is indeed the heart of the matter, but unlike most views it argues that extreme poverty completely subverts the meaning of punishment and renders it into an instance of pure force. By looking into foundational ideas of punishment and legality in literary resources like The Oresteia as well as in early modern philosophical discourse, the article argues that punishment requires a context of authority to be a part of legal and political justice, and even in a minimal account of political legitimacy such as that formulated by Hobbes, extreme poverty undermines such context.

El artículo expone dos visiones acerca de la legitimidad del castigo en contextos de exclusión social. En la primera parte, uno de los autores defiende la idea de que los Estados que incumplen con obligaciones legales previas no pueden inculpar a quienes cometan delitos vinculados con ese incumplimiento. No pueden hacerlo porque no tienen el estatus moral para hacerlo de acuerdo a dos objeciones: la de complicidad y la de hipocresía. En la segunda parte, la segunda autora critica esta solución al sostener que la falta de reciprocidad que caracteriza a la relación política vuelve inaplicables las objeciones de hipocresía y complicidad al ámbito del castigo penal estatal.

No abstract

No abstract