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In the context of the impact of COVID-19 pandemic in Bizkaia (Basque Country, Spain), and from the renewed Commons paradigm, this research analyzes the initial response given by the region’s employment ecosystem. Based on extensive quantitative and qualitative methods, it empirically explores the catalytic role that local public and social entities could play in coordinating an organized and systemic response of the employment-related stakeholders to an external impact, such as the current pandemic. The study of databases specifically provided by the Public Administrations for this research, in combination with two survey processes conducted to the main agents of the ecosystem, led to a greater understanding of the benefits of an organized and systemic reaction. From the community identification of a priori unrecognized impacts by individual actors to the proposal of actions closely connected to their short and long-term needs, the article finally presents recommendations aimed at strengthening the resilience and collaboration of the collective action.

En la realidad de las mujeres mayores de sesenta y cinco años víctimas de violencia de género, interseccionan una serie de aspectos psicosociales que inciden en su ocultación y perpetuación. Esta circunstancia conforma los aspectos diferenciales de este colectivo que deben ser tenidos en cuenta para su abordaje. La inclusión de la variable edad y el principio de interseccionalidad en el análisis de la violencia de género en el ámbito de pareja son fundamentales para comprender la invisibilidad de la violencia que sufren las mujeres mayores. Este artículo muestra los avances realizados en torno a la visibilización de los aspectos y circunstancias que interseccionan en este grupo de mujeres, tales como la identidad, las dependencias, el rol social actual de la mujer mayor, la ética del cuidado, el edadismo o la confluencia con otras violencias, así como las relaciones que operan entre ellos, los cuales generan mayor vulnerabilidad. Por último, se perfilan los retos que de los profesionales y la sociedad en su conjunto para aplicar el principio de interseccionalidad como herramienta de protección.