El objetivo del estudio es Determinar la vulneración de las garantías convencionales, constitucionales y procesales de las víctimas, a través de la aplicación del inciso tercero del artículo 600 COIP; por lo que debe presentarse un dictamen abstentivo cuando el delito tenga una pena inferior a quince años de prisión y no exista acusación particular. Las metodologías utilizadas fueron analítica, sintética, inductiva, deductiva, así como método de expertos, análisis documental, la entrevista y la encuesta. La investigación concluye que con el dictamen abstentivo de la fiscalía por infracciones con penas inferiores a quince años, se transgrede el derecho a la impugnación y a la tutela efectiva. Esto imposibilita y condiciona al juez de garantías penales para poder asumir un criterio que no le pertenece.
Los derechos y obligaciones del matrimonio y la unión de hecho surgen por voluntad de los contrayentes o convivientes. Se comparó la normativa jurídica entre los derechos de ambos aspectos y su incidencia en los principios de igualdad, libertad y demás derechos de los miembros de la familia ecuatoriana. El diseño fue mixto cuali-cuantitativo, el alcance descriptivo y explicativo, y con la entrevista y la encuesta se esclarecieron los procedimientos jurídicos para ejecutar y proteger los derechos conyugales y patrimoniales de los convivientes o cónyuges al darse por terminada la relación. Se estableció que la unión de hecho es la forma más común de formar hogares y familia, evadiendo responsabilidades maritales y obligaciones jurídicas y económicas.
Se analizó el retroceso en la legalización y adjudicación de tierras rurales en el Cantón Quinindé los años 2017-2018. Se contó con un diseño cuali-cuantitativo con alcance explicativo; se usó el método de expertos, el análisis documental, entrevistas y encuestas aplicadas en territorio, lo que evidenció la existencia de latifundios y monocultivos, incumplimiento del convenio entre el GAD municipal del cantón Quinindé y la Subsecretaria de tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería; la existencia de intereses políticos que pretenden perpetuar la marginación del sector campesino, no existe redistribución de tierras y no se cumple con la adjudicación de manera directa y equitativa al pequeño agricultor según manda la constitución y la ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
Para evidenciar la desigualdad material, formal y la discriminación de la que es objeto el hombre cuando es víctima de violencia intrafamiliar, la investigación contó con un diseño mixto, con alcance descriptivo, se usó el método de expertos y el análisis documental de la normativa vigente, la doctrina que contiene diferentes pensamientos, posturas y teorías, y las sentencias que sancionan a la mujer cuando ésta es la agresora, identificando así la inequidad por parte de los jueces/as al sancionar. Se evidenció desigualdad formal, material y discriminación al hombre en el tipo penal de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Finalmente se realizó estudios de derecho comparado entre las legislaciones de Perú, Colombia y México, donde se notan procedimientos diferentes.
En el Ecuador el género femenino ha sido históricamente discriminado en varios ámbitos como el laboral, salarial, social, e igualdad de oportunidades en la Constitución de la República del Ecuador existen cambios significativos en beneficio de la mujer embarazada y su periodo de lactancia, considerándola dentro del grupo de atención prioritaria. El objetivo del estudio fue determinar si las trabajadoras del sector privado reciben un trato diferenciado injustificado frente a las del sector público, al momento de contabilizar su periodo de lactancia, para lo cual se empleó la investigación documental y de campo, cuyos resultados permitieron evidenciar que carece de una justificación objetiva y razonable el trato diferenciado que da la norma jurídica a este mismo grupo de personas.
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