El castigo estatal constituye una práctica que solo puede aspirar a ser legítima si tiene lugar en el contexto de una relación política mínimamente justa. De ahí que en la literatura se han identificado dificultades para justificar el castigo de quienes se encuentran en los márgenes de la relación política, como ocurre con los extranjeros. Para identificar con mayor precisión los desafíos de legitimidad de nuestras prácticas penales frente a la población extranjera, este artículo propone una aproximación normativa y luego describe e identifica los principales déficits de legitimidad que existen en el ámbito del encarcelamiento de población extranjera en Chile. El trabajo sostiene que existe un alto déficit de legitimidad que se configura por una serie de espacios en los que nuestras instituciones penales muestran extrema indiferencia frente a las necesidades y afecciones particulares de este grupo.