Durante las últimas décadas, el impacto de la era post-neoliberal y la irrupción del neo-extractivismo en los territorios del Sur ha traído un desfiladero de daños en la zona infringida por el poder de megaproyectos dedicados a la extracción de recursos condenados por el modelo de desarrollo dominante. En esa dirección, desde un modelo teórico doctrinario, el presente busca repasar la ruta y la importancia de la adopción regional del Acuerdo de Escazú para los Estados de Latinoamérica y el Caribe, en especial, de lo que implica para los pueblos indígenas y los defensores ambientales su tan ansiada ratificación. De lo expresado, no es de extrañar que en una región marcada por fuertes desigualdades y definida por fallas estructurales, los erosivos efectos encausados por mega-corporaciones extractoras en territorios indígenas provoque la destrucción del medio ambiente y de indiscriminados asesinatos a los nombrados Guardianes de la Tierra. Lo anterior, sin duda, demuestra la débil legislación e institucional del Estado en materia de protección medioambiental. Frente a ello, los esfuerzos de la región en erradicar este problema han conducido en implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Instrumento que, entre otras líneas supremas, no solo pretende romper el lugar privilegiado de los poderosos y de empoderar la democracia ambiental; sino que también, pese a su turbulento recorrido en refrendarlo, es la punta de la lanza para desafiar los temblores del capitalismo global en territorio indígena.