La Economía Social y la contratación pública: la herramienta de los contratos reservados

Abstract

Las nuevas leyes de contratación pública suponen una oportunidad para fomentar la participación en la misma de las empresas de Economía Social, con el objetivo de que la contratación contribuya a distintos objetivos sociales y medioambientales. La propia Ley de Contratos del Sector Público establece el fomento de las empresas de Economía Social (además de las PYMES) como una de las prioridades a seguir. Para ello cimienta las posibilidades de introducir criterios sociales y ambientales que están en el corazón de las actividades de la Economía Social y modifica el régimen de los contratos reservados que se consolidan como obligatorios. A pesar de su potencial importancia, este último instrumento ha sido poco estudiado en la bibliografía especializada. En este artículo se presenta un análisis de la evolución de los contratos reservados a nivel estatal en los últimos 10 años, utilizando una muestra de más de 250 procesos de este tipo, que incluye procedimientos de todas las regiones de España y con valores de licitación diversos. Los resultados muestran que los contratos reservados se han utilizado en actividades que van más allá de las tradicionales para el tipo de empresa al que van dirigidos, y que los procedimientos para ello suelen ser más transparentes que los ordinarios. La comparación con una muestra de licitaciones no reservadas expone que la eficacia económica es similar en ambos tipos.

Economía Social, eco-empleos y cuidados de larga duración: claves para una transición justa

“…Por su parte, la disposición adicional 4ª LCSP 85 , con la finalidad de que en la licitación cualquier clase de contratos públicos únicamente puedan participar y, en consecuencia, resultar adjudicatarias determinadas iniciativas empresariales 86 , determina que deberán fijarse los porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación a los centros especiales de empleo de iniciativa social y a las empresas de inserción 87 , remitiendo a la determinación que se realice en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma por Acuerdo del Consejo de Ministros, plazo que ha expirado sin la aprobación de dicho acuerdo, por lo que en el ámbito del sector público estatal resultará de aplicación el porcentaje mínimo de reserva establecido de forma supletoria en la propia disposición adicional (7 por 100) que se incrementará hasta un 10 por 100 a los cuatro años de entrada en vigor de la LCSP sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el Anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva 88 . Se observa que el legislador ha querido garantizar el cumplimiento del mandato de reserva y, ante la posibilidad de que el ejecutivo por inactividad deje tal reserva vacía de contenido, ha impuesto un porcentaje que actuará en caso de ausencia de acuerdo del Consejo de Ministros 89 .…”

Budget Execution in Public Procurement Processes of Goods and Services of a Higher Polytechnical School. Chimborazo, 2023

“…The present research work in product of a doctoral degree thesis, is supported through several previous works, considering different databases; Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet, Ebsco and Latindex 2.0, considering the study variables that allow establishing clear theories, which support their discussion and analysis, in a general and particular way demonstrating that the antecedents serve as a reference for the establishment of new categories related to the field of study, with the purpose of improving each of the pertinent actions for these procedures. Jiménez et al (2019) in their research carried out in Spain, mentions that they seek to gradually modernize their public procurement systems, in this research the authors point out that the purpose is to go hand in hand with technological evolution, in order to achieve effectiveness and efficiency in the use of public money and even achieve considerable savings. This research presents several restrictions but also research opportunities for the future, such as acquisitions, since there is not much information; Second the problems that public sector procurement has, since the law that regulates them must be verified, a practical conclusion of this research is that it determines that there is no solid base that serves as support for acquisitions and requirements in economic terms combining a social value without affecting economic efficiency.…”