Las cárceles femeninas en América Latina constituyen una buena atalaya donde mirar las nuevas tendencias del control punitivo hacia las mujeres encarceladas en el resto del mundo. Las precarias condiciones de vida de las presas, la criminalización por drogas de las que son pobres, las discriminaciones y vulneraciones de sus derechos, en especial de las indígenas y también las resistencias a la disciplina y a la arbitrariedad carcelaria son, entre otros, algunos de los temas que se han ido analizando en las últimas tres décadas en América Latina por parte de investigadoras feministas. El objetivo del artículo es hacer una revisión y un análisis de las principales autoras y de los principales estudios feministas sobre el sistema de justicia criminal en relación con las mujeres, con especial atención al control penal y a las cárceles femeninas, para visibilizar lo que se ha escrito y así empezar a transformarlo.

La prevención de las transmisiones comunitarias de virus y las enfermedades que conllevan, requieren análisis diferenciados. El presente trabajo se propone abordar algunas de las medidas que se han implementado en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, desde un abordaje socio-jurídico crítico de inclusión por el ejercicio de derechos. El texto comienza con un breve análisis de las causas que están en la génesis de las pandemias, centrando la atención en el rol de los Estados Modernos y sus políticas neoliberales, respecto de los derechos de los pueblos que los integran. Posteriormente se analizan las medidas socio-sanitarias destinadas a gestionar las consecuencias de la pandemia, en especial las que se adoptaron para evitar la transmisión comunitaria del virus SARS-Cov-19, enfatizando en el denominado aislamiento social preventivo y obligatorio. Seguidamente se pormenoriza en las situaciones de los grupos más vulnerabilizados de la sociedad, como las mujeres, las familias monomarentales, los pueblos originarios, la población migrante y las/os trabajadores/as precarizados. Finalmente, se propone un modelo de abordaje de los desastres, las catástrofes y otras situaciones críticas como la pandemia, basado en una restricción de derechos selectiva y la contención comunitaria de la salud mental de toda la población.

El 15-M y los movimientos sociales que se fortalecieron gracias a la fuerza que tuvo este movimiento (los movimientos sociales contra los desahucios, contra la reforma laboral, contra la austeridad y contra los retrocesos de los derechos de las mujeres) han sido una reacción contra la gestión neoliberal de una crisis en cuya génesis también se encontraba el neoliberalismo. Ante estos conflictos, el Estado desarrolló un arsenal policial, judicial y legislativo para reprimir la protesta. La apertura de un nuevo marco de referencia mediante la acción colectiva de los movimientos sociales supuso una reconceptualización del término “democracia” como garantía de derechos sociales y libertades, y supuso, a la vez, la reclamación de autogestión y de participación de la ciudadanía en la vida política. Este nuevo marco se convertiría en oportunidad política de los movimientos sociales para cuestionar la actuación del sistema punitivo estatal. Así, el estudio de la antirrepresión en Cataluña demuestra que la represión frente a la protesta ha servido para hacer evidentes los límites del Estado de Derecho. Si los movimientos sociales han conseguido desenmascarar las relaciones de poder reales, la represión de la protesta, en el caso catalán, ha servido como oportunidad para abrir un debate social —que también ha llegado a las instituciones— sobre el garantismo penal. Se argumenta que estas contrahegemonías antirrepresivas, aunque limitadas ante un Estado penal creciente, han supuesto un reto para el sistema punitivo estatal.

En este artículo presentamos parte de los resultados obtenidos en el análisis realizado a la Formación Profesional Básica desde una perspectiva de género. Un ciclo formativo incluido en la etapa obligatoria de nuestro sistema que introduce una adaptación curricular al tiempo que su diversificación según diversas familias profesionales a las que optará el estudiantado. En este caso el género emerge como variable fundamental para entender el escaso número de mujeres matriculadas, así como su concentración en ramas claramente connotadas en términos de género. Las entrevistas realizadas a los equipos de coordinación y orientación, fundamentales el acceso a una FPB, nos permiten constatar la pervivencia de una segregación por género de los diferentes itinerarios formativos justificada sobre las preferencias individuales. Esta justificación conlleva tomar medidas desde los centros en términos únicamente individuales y siempre mediatizadas por los escasos recursos (personales y formativos) disponibles pero sobre todo por la que es su principal prioridad: evitar el abandono precoz de los estudios. El resultado es un ciclo formativo en el que las mujeres están o bien ausentes o bien concentradas en ciclos fuertemente feminizados, disminuyendo sus oportunidades formativas y laborales.

Este texto, pretende presentar y contribuir a la conformación de una sección especial dentro de la Revista ReDeA. Derechos en Acción, prevista a partir de su número 15, de otoño de 2020. Se trata de una sección especial sobre Pluralismo Jurídico, Pueblos y Estados, para la Revista Derechos en Acción (ReDeA), propuesta a instancias del Programa Memorias, Pueblos y Estados, dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y radicado en el Centro de Investigación en derecho Crítico, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad nacional de La Plata, que empezó a gestarse en el año 2018, con la colaboración de diversos miembros del CIDer­Crit, y el patrocinio y apoyo del Colectivo de Acción Jurídica, Social y Cultural Copolis-Adalquí (Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro/Fundación Adalquí), el Col·lectiu de Solidaritat amb els Països Catalans, y el Grupo Interuniversitario Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social (Universidad de Barcelona).