El presente artículo tiene como objetivo presentar un panorama crítico sobre la evolución del concepto de seguridad integral, a una década de su generación, tomando como aspecto clave el criterio políticoideológico de contar con un nuevo concepto de seguridad, y las implicancias de dicho cambio. En este sentido, se realiza un análisis sobre los diferentes documentos, tanto legales como orientadores, en los que se establecen parámetros para su institucionalización y aplicación, relacionando esto con el contexto que influyó en los eventuales cambios del mismo. Se concluye que el establecimiento del concepto no fue adecuado, considerando el contexto interno y externo de Ecuador. Lo anterior, sumado a una amplitud en sus alcances y límites, y un bajo nivel de comprensión y ejecución, generó una disminución de las capacidades institucionales del país en otorgar seguridad.