El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar es un territorio multifuncional desde el punto de vista social, económico y ambiental, donde es imposible separar y, por tanto gestionar de forma independiente, las tramas paisajísticas y ecológicas de las tramas socioeconómicas. Para su gestión, la Administración se apoya en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado en 1995, que sin embargo ha sido ejecutado en el 50 % de su articulado. Se desarrollan diversas iniciativas de conservación de fauna y flora silvestre, recogida de residuos sólidos, una adecuada información al visitante y mejora del conocimiento de los diferentes elementos de los espacios protegido. Sin embargo la participación social es escasa, la Junta Rectora se ha reunido en solo cuatro ocasiones, la última en 2001, se han producido desarrollos urbanísticos en la periferia del Parque que producen deterioro paisajístico y se han desarrollado una serie de infraestructuras que han reducido en unas 7 hectáreas la superficie protegida.

baños de lodo situada junto a la población de Lo Pagán. El número de visitantes ha pasado de menos de 100.000 personas a finales del siglo XX, a más de 223.000 personas en 2010, por el acondicionamiento de un aparcamiento y una serie de pasarelas que facilitan el acceso a la playa, realizadas por la administración autonómica en 2003, y un proyecto de rehabilitación ambiental en el camino que discurre entre el molino de Quintín y el de la Calcetera, ejecutado en 2005 por el Ministerio de Medio Ambiente. Por otro lado, en el mes de agosto, momento de máxima afluencia de visitantes, esta zona parece haber alcanzado la capacidad de acogida, ya que los datos señalan desde 1984 una estabilidad en el número de visitantes cifrado en unas 50.000 personas.

Los paisajes abarrancados, presentes en todo el mundo, en algunos lugares por sus particulares características, constituyen recursos turísticos y algunos de ellos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los objetivos principales de este trabajo han sido: analizar la importancia de las áreas abarrancadas en la Región de Murcia; hacer una selección de los principales paisajes de badland en la Región, mostrar en estas áreas sus valores y proponerlos como recursos turísticos, considerando sus potencialidades y amenazas que sufren o pueden sufrir. En las áreas seleccionadas se han comparado los valores geológicos, geomorfológicos, paisajísticos, educativos y culturales, diferenciando entre las intensamente intervenidas por la actividad agrícola y las que han mantenido una evolución seminatural. Se ha realizado un análisis DAFO de dichas áreas. Y se ha llevado a cabo una evaluación aplicando los criterios específicos de: i) valor científico y educativo; ii) accesibilidad; y iii) valor turístico. Cada criterio se evaluó según una escala de tres puntos y diferente grado. Los resultados muestran que las cinco áreas estudiadas poseen suficientes valores como para convertirse en áreas de gran interés geoturístico. No obstante, es necesario implementar medias de divulgación y concienciación de dichos valores, entre la población regional y las distintas administraciones, que permitan minimizar las amenazas y potencien las fortalezas.

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Se realiza una revisión de la evolución histórica, estructura física, condiciones fisiográficas e hidrográficas donde se desarrolla la actividad pesquera tradicional de las encañizadas, que se desarrolla desde el S. XV en los cinco canales que comunican el Mar Menor con el Mar Mediterráneo. El desarrollo turístico obliga al cese progresivo de su actividad, hasta que la última encañizada deja de funcionar en 1986; una década después, esa misma encañizada se vuelve a poner en explotación. Situada en un territorio que se caracteriza por una marcada dinámica mareal poco frecuente en el Mediterráneo, forma un paisaje ecocultural en el que es imposible excluir la huella del ser humano, y donde el mantenimiento de un modelo de desarrollo sostenible entre la explotación-conservación de sus recursos naturales, pasa por reforzar la cooperación entre el titular de la explotación pesquera y la administración responsable de la conservación del territorio.