Este artículo busca revisar cómo a través de la responsabilidad extracontractual del Estado pueden determinarse las condiciones de protección para los derechos fundamentales a partir del acuerdo de paz logrado entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular. Se muestra que más allá de la discusión sobre la naturaleza del conflicto armado interno, la institucionalidad ha determinado unas acciones de garantía y protección de las víctimas, en especial, en cabeza de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Allí se fijan puntos de análisis que deben ser observados en el fortalecimiento institucional a partir de las acciones de reparación directa en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. Estos elementos deben darse para garantizar con éxito la implementación del posacuerdo.

En el siguiente artículo de reflexión jurídica, se hace referencia al procedimiento administrativo de la revocatoria directa que necesariamente termina con la expedición de un acto administrativo, el cual se encuentra regulado en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la administración goza de prerrogativas como la autotutela donde se permite que ella misma, al adoptar sus decisiones, las pueda hacer cumplir sin la presencia de un juez, hasta el punto que pueda revocar sus propios actos administrativos. No obstante, a pesar de gozar de tal poder, sus decisiones no son absolutas y, por ende, los particulares o quien se sienta afectado por dicha decisión podrá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa que establecerá la legalidad, o no, del acto administrativo con la posibilidad de desvirtuar las presunciones de que este goza y hacerlo desaparecer del mundo jurídico.

Muchas actividades son esenciales para la vida en sociedad, como la justicia, la educación, la salud, entre otras. Con ocasión de este escrito, podemos identificar cómo las dinámicas urbanísticas y específicamente la construcción permiten la satisfacción de múltiples necesidades, pero también crean un riesgo, el cual ha llevado a que incluso su ejercicio se considere como una actividad peligrosa, generando unas teorías muy puntuales en cuanto a la responsabilidad, tanto en el sector privado como en el público.

El fenómeno de la constitucionalización del derecho ha entregado nuevas perspectivas a todas las áreas jurídicas, inclusive a aquellas tradicionales y exegéticas, permitiendo su expansión más allá de los viejos códigos y las anquilosadas interpretaciones. En ese sentido, el estudio y la investigación del derecho se han visto permeados por estas nuevas dinámicas constitucionales; razón por la cual, los investigadores adscritos al grupo Auditorio Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Institución Universitaria de Envigado (IUE) y sus participantes invitados comparten en esta entrega los productos de sus procesos investigativos, en los que cada uno, desde su propia especialidad, ha analizado el papel de los derechos fundamentales en el sustento del Estado social de derecho. Así, entonces, el lector encontrará en este texto un total de ocho capítulos que exponen temáticas vinculadas con la garantía de los derechos y valores constitucionales como rectores del estudio y la investigación jurídica