Los currículos universitarios de pregrado en Derecho presentan un bajo nivel de inclusión ambiental, tema preocupante en un contexto educativo formador, por cuanto son precisamente los instrumentos de gestión educativa a través de los cuales se logra definir e integrar el contenido ético inmerso en la axiología jurídica y traspasarlo a las aulas en una perspectiva de formación profesional. Desde un modelo educativo de adscripción neoliberal, Chile ha delineado la concepción curricular hacia la eficacia pedagógica, enfoque que lo ha visibilizado como un país con alta oferta para la educación superior universitaria, pero no necesariamente en proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para su futuro laboral. Todo esto resulta paradójico en un país con alta tasa de conflictualidad ambiental y un legado político-social de privación de derechos, que, a lo menos, debe refocalizar las políticas públicas hacia un discernimiento ético-educativo, garante de los principios axiológicos de la acción educativa.

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