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A partir de la indagación documental del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), de los indicadores del Ministerio de Educación Nacional y de la información obtenida en varios foros regionales y nacionales con los responsables de los procesos de aseguramiento de la calidad en los programas de licenciatura, este artículo de investigación muestra la manera como se redujeron las licenciaturas y se afectó la autonomía universitaria entre el 2015 y el 2019, por efecto de la imposición de la acreditación obligatoria contemplada en la Ley 1753 de 2015, que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”. El análisis de estos impactos en los programas de formación de maestros se deriva de los referentes conceptuales que controvierten el enfoque del capital humano que ha orientado las políticas educativas y enfatiza en la construcción de lineamientos alternativos de calidad, desde los postulados de justicia social propuestos por Nancy Fraser (2008).

La investigación, como otros muchos vocablos, ha devenido en un requisito sine qua non del contexto universitario. No es posible sustraerse al permanente uso y abuso en las maneras de asumir y vivir este compromiso y que en la Universidad ha terminado por justificar casi todo: los programas, la institución educativa e incluso la razón de ser del profesor. En la mayoría de los casos esto ha promovido una banalización de la práctica y la teorización de la dimensión investigativa.

RESUMENEste artículo contextualiza políticas sociales y educacionales en las formas de intervención del gobierno caracterizadas por un pragmatismo que mantiene la aspiración de configurar "enfoques amistosos con el mercado" cuya oscilación va de la menor a la mayor articulación entre ellos. Estas reformas, que son regidas por el crecimiento estimulado por el mercado se basan en prácticas de gobierno, que combinan dos estrategias importantes que proporcionan flexibilidad: el design de cuadros globales con distintas maneras de alcanzar los objetivos enfocados en el crecimiento y el uso de las OMCs que operan con algún grado de variabilidad, que son monitoreados a través de un acompañamiento regular en curso por varios organismos y aparceros sociales. Así, el objetivo de este debate es comprender el lugar de las políticas en las formas contemporáneas de gobierno, analizando tanto los alcances como los cuestionamientos referentes al proceso de reforma impulsada por la Declaración de Bolonia. Además, el debate profundiza las afectaciones de las políticas generadas en países como Colombia, mostrando cómo uno de sus efectos más visibles se presenta por medio de las orientaciones por competencias y por la evaluación masiva, concebida como lugar estratégico, como una especie de bisagra, que busca articular la educación con el sector productivo. Para ilustrar algunos de los efectos producidos por estas estrategias de gobierno, el texto también tematiza las nuevas problemáticas suscitadas, particularmente en nivel de jerarquización, estratificación y desigualdad derivadas de las formas de regulación social emprendidas en la educación superior ocurridas en Colombia en la última década. Como conclusión presenta algunas orientaciones en curso a partir de la coyuntura vivida en los últimos años en el país, mostrando que una reforma en la educación superior confirma tal tendencia; sin embargo, se consiguió contener dicho movimiento gracias al papel activo del movimiento estudiantil que garantizó el papel transformador de la educación, de la naturaleza del bien común que pertenece a toda la sociedad volviendo posible la oportunidad de proporcionar una vida digna para la mayoría. PALABRAS-CLAVE:Políticas de educación superior. Educación superior colombiana. Estado y universidad en Colombia.

Los procesos de cambio científico, tecnológico, social, cultural y económico han generado hoy grandes demandas a la educación superior. Este hecho ha planteado la necesidad de transformaciones sustantivas en su organización y funcionamiento, y la generación de nuevas respuestas formativas e investigativas, que las instituciones de Educación Superior deben acometer, si aspiran a cumplir con responsabilidad su compromiso social de favorecer el acceso a una mayor población estudiantil, y perfilan su interés de posicionarse en el campo académico nacional e internacional, especialmente hoy, cuando se requiere asumir con sentido crítico y prospectivo las demandas de la globalización. En este contexto, el presente capítulo plantea algunos presupuestos que fundamentan la tecnología, la educación en tecnología y la formación tecnológica. En él se hará referencia a varios de los aspectos centrales que fundamentan nuestro punto de vista, que abarca desde el análisis del sentido de la formación tecnológica en el siglo XXI, el reconocimiento tanto de su carácter histórico y contextual como de sus potencialidades y sus problemas básicos. De la misma manera, introduce una contextualización de los cambios en el ámbito del trabajo, las nuevas relaciones que se establecen entre este y la educación y considera sus implicaciones para la formación tecnológica.