El artículo explora la interacción entre los estándares nacionales e internacionales de la Corte Penal Internacional en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, particularmente en su determinación de hechos y conductas. Primero, se analizan algunas características estatutarias de la JEP. Posteriormente, se analiza si su marco normativo desafía los estándares internacionales y si su implementación fundamenta una colisión de la CPI con Colombia, pese al cierre del examen preliminar en materia de sanciones reparadoras, trato diferenciado y responsabilidad de mando. Finalmente, analiza el Auto 019 de 2021 para demostrar cómo una de las salas de la JEP se basa en la aplicación de la jurisprudencia internacional para atribuir responsabilidad penal a los máximos dirigentes de las FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad.