“…Desde una perspectiva temporal, Ávalos (2014) da cuenta cómo las reformas en un primer periodo se centraron en políticas de acompañamiento para fortalecer el atractivo de las carreras de pedagogía; para pasar posteriormente a un periodo de crecimiento desregulado de la oferta durante un proceso de mercantilización de la educación superior, y posteriormente se pasó a políticas de accountability o rendición de cuentas, que mediante medidas de presión y control, han vinculado el financiamiento público condicionado al cumplimiento de requisitos mínimos y logro de resultados. No obstante, tal como señala Montero y Fernández (2022), también se observan ciertos elementos de continuidad en las políticas públicas implementadas, las cuales contendrían de forma implícita un cuestionamiento permanente a la formación docente del país, en gran parte basado en el estancamiento de los resultados en las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación -SIMCE - (García-Huidobro, 2008;García-Huidobro, 2000;Stewart, 2012), promoviendo soluciones que apuntan a su mejora mediante un "fortalecimiento" de su selectividad, es decir, a través de la admisión de estudiantes con alto desempeño académico, un criterio que se podría asimilar a los hallazgos realizados por González Fiegehen (2018), quien al contrastar las con-diciones de la inserción laboral de los egresados de Pedagogía en Educación Básica, concluye que, pese a la ampliación en la matrícula y a la diversificación de formas de financiamiento, en el caso chileno el mayor predictor de éxito en la inserción laboral es la forma de selección de estudiantes (González Fiegehen, 2018, p. 3), incluso por sobre de la formación recibida en la universidad. En definitiva, durante las últimas décadas, la política ha pasado desde incentivar una demanda más selectiva (para atraer estudiantes con mayor rendimiento) a regular la oferta, estableciendo requisitos de acreditación obligatoria a las instituciones que ofrecen formación de profesorado en su proyecto académico, y estableciendo sanciones que incluso pueden llegar a la cancelación de la personería jurídica o cierre de la institución.…”