La judicialización de la convivencia escolar en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación chileno: El caso de las denuncias escolares

Abstract

Resumen: En Chile, las políticas educativas de accountability 1 , asociadas a la judicialización de la vida escolar, han involucrado la gestión de la violencia y convivencia escolar, generando un ambiente de política punitiva por medio de amenazas de sanciones. La Superintendencia de Educación, organismo del Estado encargado de fiscalizar las normativas, cuenta además con un dispositivo que permite a los padres denunciar acciones * Fuente de Financiamiento: Fondecyt 1191267; PIA ANID CIE 160009.

Symptomatology of attention deficit, hyperactivity and defiant behavior as predictors of academic achievement

“…Additionally, longitudinal studies would be desirable to understand the complex evolution of the relationships between reports of these problems from the perspective of students, as well as their teachers and parents, that challenge classroom normalization and pedagogical authority [ 57 ] and their effects on students’ academic achievement and school trajectories. This should be viewed from the perspective of their permanence, promotion, and graduation from primary and secondary education [ 58 , 59 ]. However, it would be interesting to incorporate other variables that have received less attention in relation to achievement, such as the study habits of children and adolescents, as evidence has been found to differ significantly in students with and without ADHD [ 60 ].…”

Relación entre estilos de convivencia e indicadores de desarrollo personal y social en escuelas chilenas

“…Para alcanzar este objetivo, las escuelas promueven distintas estrategias, entre las que destacan el desarrollo de habilidades socioemocionales individuales y regulaciones normativas, disciplinares, protocolos y reglamentos (Carbajal, 2016;Perales Franco, 2019). Una de las prácticas más empleadas para reducir la violencia y lograr la paz en la escuela es la instalación de prácticas de exclusión que, básicamente, consisten en expulsar o aislar a aquellos estudiantes que no cumplen con los estándares promovidos por la política públicas y esperados por las escuelas (López, Ortiz, & Alburquerque, 2020). Así, la noción de convivencia como paz restringida centra el problema en el estudiante en vez de buscar las causas subyacentes, e instala procesos de control, disciplinamiento, orden y seguridad.…”

“…Concretamente, la LVE obligó a las escuelas a contar con un encargado de convivencia y un reglamento, estipulando sanciones administrativas, multas o pérdida del reconocimiento oficial de no cumplir con estas disposiciones. Si bien los reglamentos de convivencia escolar permiten regular los espacios de la escuela y garantizar el derecho que tiene todo niño, niña y adolescente de vivir en espacios libres de violencia, su énfasis excesivo puede transformarse en una cultura judicializadora de los procesos educativos (Foladori & Silva, 2014;López et al, 2020), orientándose a una paz efímera o negativa.…”

Políticas de gestión de la convivencia escolar

“…Esto conlleva a que se cuestione la judicialización de la convivencia escolar, por ende, no se propicia la posibilidad de llegar a acuerdos para la valoración de las normas, por el contrario, muchas veces son vistas como un factor punitivo o de carácter autoritario. Frente a ello, es necesaria la apertura de un marco de mayor participación de todos los agentes educativos para ser aceptado u obtenga su legalidad social (Aguirre Román et al, 2019;López et al, 2020). En consecuencia, los gobiernos van tomando conciencia de que la violencia se convierte en una política de salud pública ya que la violencia ha ido en aumento, en las calles y también en las escuelas.…”

“…La normatividad puede ser concebida de distintas formas, dependerá del concepto que se tiene de convivencia escolar y cómo es percibida por los actores involucrados: legalista, punitiva, conciliadora, autoritaria, ilegal, formadora, preventiva; asimismo, se considerará la relación, contacto e interlocución entre los directivos, docentes y familias (Fuentes y Perez 2019). También, la juridificación de las normas, reglas, manuales y protocolos de convivencia producen tensiones que pueden vulnerar derechos del estudiante o del docente; de igual modo la elaboración de las normas se ve asociada a políticas punitivas o formadoras (Aguirre Román et al, 2019;V López et al, 2020). Lo cierto es que, en el diario vivir del docente y del estudiante, se experimenta una serie de actividades y percepciones ligadas a la normatividad de la convivencia escolar, lo cual indica seguir determinados protocolos impuestos y que dan poco lugar a la adecuación de la realidad educativa.…”