Nueva Reforma Agraria Neoliberal Y Multiculturalismo. Territorios Indígenas, Un Derecho Vuelto a Negar

Abstract

En México, las «recomendaciones» en materia agraria emitidas por el Banco Mundial fueron plasmadas fielmente en las reformas legislativas aprobadas en 1992. Con estos cambios se ha pretendido otorgar certeza jurídica a los grandes inversionistas, a las inmobiliarias y trasnacionales, a través de diversos mecanismos como la desincorporación de la tierra del régimen social y su conversión en propiedad privada. Pilares de este proceso han sido los programas PROCEDE y PROCECOM, que han certificado y titulado algo más de 90% del total de los núcleos agrarios de nuestro país. Una demanda reiterada del movimiento indígena impulsada principalmente a partir del levantamiento zapatista es la modificación del artículo 27 constitucional, en particular lo que refiere al reconocimiento del derecho colectivo que tienen los pueblos indígenas de sus tierras, territorios y recursos naturales. Un referente jurídico importante al que ha aludido el movimiento indígena es el Convenio 169 de la OIT, el cual fue ratificado por el gobierno mexicano en 1990.
 En 2006, en la Cámara de Diputados se discutió una Iniciativa de una nueva Ley Federal Agraria en la que se proponía que los ejidos y comunidades que así lo desearan pudieran acogerse al procedimiento establecido para que sus propiedades fueran declaradas Tierras Indígenas, sin embargo, no se instituyó como nuevo régimen de propiedad ni se contempló el contenido jurídico de territorio señalado en el Convenio 169. Precisamente, en este trabajo intentaremos aportar algunos elementos que contribuyan al análisis sobre los alcances legales de esta Iniciativa.
 
 
 ABSTRACT
 World Bank «recommendations» on agrarian matters in Mexico were duly instated in legislative reforms approved in 1992. These changes aimed to provide legal security to large investors, real estate developers, and transnational corporations, through various mechanisms such as the disincorporation of land held under social systems and its conversion to private property. The PROCEDE and PROCECOM programs have been pillars of this process, to date granting certifications and property titles corresponding to just over 90% of all agrarian units in the country.
 A reiterated demand of the indigenous movement, which gathered momentum especially following the Zapatista uprising, is the modification of Constitutional Article 27, particularly in reference to the recognition of the collective right held by indigenous peoples over their lands, territories and natural resources. An important legal reference to which the indigenous movement has alluded is ILO Agreement 169, ratified by the Mexican government in 1990.
 In 2006, Mexico’s House of Representatives discussed a legislative proposal regarding a new Federal Agrarian Law, in which it was proposed that common-property lands (ejidos) and communities that so wished could adhere themselves to the established procedure so their properties would be declared Indigenous Lands. However, it was not instituted as a new tenure system, and the legal definition of territory as spelled out in ILO Agreement 169 was also not taken into account. In the present essay we attempt to offer some elements that contribute to an analysis of the legal scope of this proposal.

Gobernanza e Interculturalidad del Neoindigenismo Mexicano, desde los Yoreme Mayo de Sinaloa

“…Con estos cambios se dio certeza jurídica a los grandes inversionistas, a las inmobiliarias y trasnacionales. Este cambio en la legislación se instrumentó a partir del establecimiento de los programas PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) que funcionó de 1993 a 1998 y marcó el inicio del periodo neoindigenista en México (Ventura, 2008).…”

“……la desamortización de los bienes comunes, los proyectos energéticos y extractivos, los megaproyectos de infraestructura e incluso la conservación de la naturaleza, consideran como punto de partida la desposesión de las tierras y bienes comunes de los pueblos indígenas y campesinos. (De Ita, 2019, p. 95) Las manifestaciones de rechazo se hicieron presentes desde un inicio (Ventura, 2008); diversas organizaciones campesinas e indígenas se pronunciaron en contra, diversas coaliciones regionales y El Barzón como movimiento nacional que aglutinó a los afectados, principalmente por la especulación DOI: https://doi.org/10.29105/transdisciplinar1.2-5 de las instituciones bancarias formaron parte de la trama donde el gobierno se replegó y mostró ya su franco posicionamiento neoliberal; los miles de afectados no pudieron revertir la grave situación que se vivió (García-García, 1993).…”

Application of the Distance to Natural (D2N) Index and Statistical Analysis of Different Anthropic Uses of the Río Grande De Comitán Watershed, Chiapas, México

“…The watershed belongs to four municipalities: Comitán de Domínguez, La Independencia, Las Margaritas and La Trinitaria. Land use types in the watersheds are agricultural livestock, grassland, flood areas, urban zones, and rural settlements, such as private, public, and social properties legally constituted as Núcleos agrários (based in the land tenure system, classified in Ejidos and Comunidades Agrarias) (Ventura Patiño, 2008). The region's climate is temperate, sub-humid with a maxim temperature of 24˚C -27˚C from May to October with mean annual precipitation of 1372.8 mm (CONAGUA, 2009).…”

El racismo. Recorridos conceptuales e históricos

“…El artículo 27 garantizaba el patrimonio de las familias indígenas y campesinas, pero con su modificación se introdujeron prácticas individualistas en torno al territorio. Al legalizar la privatización de las tierras ejidales o comunales se abrió el campo a la inversión privada de compañías, sociedades mercantiles, grandes inversionistas, inmobiliarias y trasnacionales (Ventura, 2008). Tras las crisis económicas de 1982 y 1994 el nivel de pobreza en el campo se agudizó y las posibilidades de despojo en los territorios indígenas se multiplicaron.…”