Este artículo estudia estrategias, actores, condiciones y debates sobre los derechos digitales durante la pandemia de COVID-19 en México, Argentina y Brasil. El abordaje teórico es el de la comunicación como un derecho humano fundamental y las políticas de la comunicación. El enfoque metodológico es un análisis comparativo teórico-normativo y socio-político. Los ejes de debate giraron en torno a los derechos digitales de acceso, privacidad y libertad de expresión. Las políticas estatales variaron en función de la orientación política de sus gobernantes, el enfoque de políticas públicas pre-existentes y las adoptadas frente a la COVID-19, y las relaciones de fuerza existentes entre los actores involucrados en cada país. Las empresas desarrollaron estrategias regresivas de las que, en ciertos casos, tuvieron que dar marcha atrás, y algunas progresivas pero excepcionales; la sociedad civil y los organismos internacionales impulsaron soluciones progresivas y de largo plazo.
Este trabajo analiza la diversidad en la oferta de contenidos nacionales en Argentina en el periodo de abril de 2019 a abril de 2022 en siete plataformas transnacionales representativas de distintos tipos de actores: Nativas digitales (Netflix, Amazon Prime); vinculadas a actores tradicionales de creación de contenidos (HBO Max, Star+, Paramount+) y ligadas a empresas de telecomunicaciones y transporte de datos (Claro Video y Movistar TV). Se consideraron tres dimensiones para observar la diversidad: la presencia de una sección de contenido nacional; cantidad de obras originales nacionales e identificación de las productoras que realizan los contenidos originales. El trabajo concluye que la diversidad ofrecida por las plataformas resulta limitada: solo dos de las siete cuentan con secciones nacionales, el peso de las producciones originales nacionales es muy marginal en los catálogos y las productoras con las que trabajan son pocas y se repiten entre plataformas.
Una postura común entre las plataformas de redes sociales y los agregadores[1] de contenido es su resistencia a ser caracterizados como empresas mediáticas. En cambio, compañías como Google, Facebook y Twitter insisten reiteradamente en que deben ser consideradas como empresas puramente tecnológicas. Este artículo critica la posición que sostiene que estas plataformas son compañías tecnológicas en lugar de empresas de medios, explora la racionalidad que subyace a esta idea y tiene en cuenta las implicancias políticas, legales y de política pública asociadas con la aceptación o el rechazo de esta postura. Como ilustra este artículo, no se trata de una mera distinción semántica, ya que la precisa clasificación de los servicios y las tecnologías de comunicación a lo largo de la historia tiene profundas ramificaciones sobre cómo estas tecnologías y servicios son considerados por quienes elaboran políticas públicas y por las cortes judiciales.
[1] N. del T.: En su versión original, el artículo utiliza en algunas ocasiones la palabra “agregadores de contenidos” [content aggregators] y en otras se refiere a “curadores de contenidos” [content curators]. En esta traducción se optó en la mayoría de los casos por la noción de “agregadores de contenidos” por ser el término más utilizado en español, y porque alude de modo más cabal a la tarea de selección y organización de contenidos que realizan estas empresas.
normativa brasileña fue la promoción del contenido nacional e independiente y el establecimiento de cuotas de programación y empaquetamiento. En cambio, en Argentina, si bien se cuestionaron las cuotas de pantalla, lo que generó mayor 1 Ana Bizberge es maestra (magíster) en industrias culturales por
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