Durante las últimas décadas en Argentina, la vivienda no tuvo un fin social sino financiero como resguardo de capital, por lo cual se construyó sin ningún tipo de planificación de la forma urbana, con desequilibrios socio-territoriales y desigual acceso a vivienda, infraestructuras, servicios y equipamientos. En este contexto, surgió≤ el Plan Nacional de Suelo Urbano (PNASU) que propuso la generación de suelo para vivienda producido o promovido por el Estado, para ampliar la accesibilidad de las familias y desalentar las prácticas especulativas, promoviendo ciudades compactas, equitativas y accesibles. A partir de los antecedentes nacionales y provinciales, este artículo tiene como objetivo analizar el PNASU, en cuanto a su contenido y sus desafíos. La metodología se centra en el análisis de contenido de documentos escritos. Los resultados esbozan cuatro ejes argumentativos en torno a los desafíos del plan en su implementación y el impacto que podría tener sobre la planificación urbana y habitacional. En conclusión, si bien llena el vacío en políticas territoriales, deberá considerar la integración de la política habitacional con la territorial, el protagonismo de los actores locales, la construcción de instrumentos de captación de plusvalías en términos redistributivos, la función social de la tierra y la vivienda, entre otras.

En Argentina, desde el año 2003 hubo una gran reactivación económica y de la construcción, donde los bienes inmuebles comenzaron a comportarse como un activo financiero. Sin embargo, el acceso al suelo urbano, principal soporte de la vivienda para los sectores bajos, medio-bajos y medios fue cada vez más difícil. En este contexto, el objetivo del artículo es analizar los programas y/o líneas de acceso al suelo (internacionales, nacionales, provinciales y municipales) implementados en Rosario, ciudad con mayor construcción por habitante y paradójicamente, tercera a nivel nacional en déficit habitacional. Se, identifican los distintos roles que asume el Estado. La metodología se basa en el análisis de contenidos de documentos escritos y en técnicas de observación sobre imágenes. Desde 2002 y hasta el momento, se han aprobado 9 programas y ejecutado 8, sumando un total de 20.259 beneficiarios entre lotes regularizados, lotes con infraestructuras y viviendas construidas. Los instrumentos aplicados carecen de una planificación conjunta entre los diferentes niveles del gobierno, siendo el mayor financiamiento del Estado nacional. La propiedad de los terrenos es heterogénea en instrumentos para sectores bajos y homogénea para sectores medios y medio-bajos. El Estado actúa siempre como agente proveedor de infraestructura y equipamientos urbanos y como agente inmobiliario en gran parte de los programas y líneas.