Introducción: El objetivo del artículo es extraer aprendizajes para la modificación y mejora de las normas reguladoras de la transparencia en España ante situaciones excepcionales como el estado de alarma, de modo que sirva a finalidades como facilitar la rendición de cuentas y a la labor de los profesionales del periodismo. Metodología: para ello, se realiza un análisis de la controversia sobre la falta de transparencia gubernamental en el contexto del estado de alarma, realizando una reconstrucción de los hitos y circunstancias acontecidas entre los meses de marzo y mayo de 2020 con relación a la transparencia gubernamental del Estado, combinando para ello diversas fuentes de información como estadísticas, datos de encuestas del CIS, noticias de prensa, informes jurídicos y bibliografía. Resultados: el análisis confirma las insuficiencias de la normativa de transparencia detectadas en la literatura por expertos y periodistas. Entre ellas, la falta de un reconocimiento del acceso a la información pública como derecho fundamental, el exceso de los plazos para obtener respuesta a solicitudes de acceso, la escasa utilidad para desarrollar el periodismo de datos o la debilidad del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, aparte de una falta general de previsiones para hacer eficaz la rendición de cuentas en materia sanitaria y ante la utilización de los contratos de emergencia.

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Los sistemas de medición del grado de transparencia de las entidades públicas cuentan con  metodologías y características dispares. En su inicio fueron una palanca esencial para el impulso a la transparencia, pero hoy en día se acusa su falta de adaptación a los avances que se están produciendo, su debilidad metodológica y los problemas que origina la coexistencia de sistemas diferentes. Este artículo evidencia los problemas actuales de las mediciones de la transparencia y propone que el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tome una mayor iniciativa para impulsar y ordenar las mediciones en cooperación con el resto de Consejos y Comisionados de la Transparencia y con las organizaciones de la sociedad civil.

El reconocimiento y alcance del derecho de acceso a la información pública ha seguido sendas distintas en el contexto del Consejo de Europa y en el ámbito de la Unión Europea, si bien, en ambos casos, su interpretación se encuentra inevitablemente vinculada a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respectivamente. En este artículo se analizan las sentencias más significativas —incluyendo algunas muy recientes— en las que ambos órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse delimitando la configuración y los límites al ejercicio del derecho, así como su carácter iusfundamental. El resultado es un derecho de acceso a la información pública cuyo régimen jurídico presenta singularidades propias según se trate del sistema del CEDH o del Derecho de la Unión Europea, pero también ciertas similitudes que, analizadas de forma conjunta, permiten constatar una tendencia jurisprudencial compartida orientada a ampliar el alcance de este derecho.

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