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En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (en particular en el Objetivo número 11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles) se aprobó la Directiva 2018/844 UE de 30 de mayo, modificando las anteriores 2010/31 de eficiencia energética de edificios y 2012/27 de eficiencia energética, para lograr "un parque inmobiliario descarbonizado y altamente eficiente (…) para transformar los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo... con una renovación a una tasa media anual del 3% (...) aplicando las Directrices de la OMS sobre la calidad de aire interior… y apoyando medidas de fomento de financiación inteligente para edificios inteligentes de la Comisión Europea". La Directiva anuncia una mejora de la transparencia de los certificados de eficiencia energética, garantizando el establecimiento y la aplicación uniformes de todos los parámetros de cálculo necesarios, tanto por lo que respecta a la certificación como a los requisitos mínimos de eficiencia energética, y propone un sistema de control posterior automatizado y electrónico. En el marco del proyecto del Plan nacional de I+D+i CertificaRSE5, se han analizado la certificación, las eco-etiquetas y el apoyo necesario con recursos financieros públicos para impulsar el futuro del sector. Para obtener esta información, se ha optado por diseñar y aplicar una técnica de investigación cuantitativa. En concreto, se ha realizado una encuesta a los grupos de interés del sector de la edificación y rehabilitación, por su experiencia con el manejo de certificaciones y su impacto real en la sostenibilidad. Se ha invitado a los encuestados a valorar la introducción de nuevos incentivos en los impuestos aplicables al sector de construcción y rehabilitación de viviendas, ajustados al retorno en sostenibilidad que generan, con el propósito de mejorar la normativa y la comunicación de todos los agentes involucrados con la sociedad. La finalidad de esta encuesta ha sido valorar la adecuación del marco normativo y financiero a la hora de atender las necesidades existentes, por lo que se han tenido en cuenta diferentes dimensiones analíticas: la sostenibilidad en el sector, la certificación, los recursos económicos y financieros, la normativa aplicada y la comunicación con agentes del sector y con la sociedad.

Las normas, cuanto más ajustadas a la realidad social, son (y también se perciben como) más justas. En la situación actual, por la dureza de las circunstancias y los medios con los que se cuenta, es fácilmente comprensible que las demandas y las expectativas de la ciudadanía en lo tocante a los sistemas fiscales y su buena administración sean crecientes. Además, la aspiración a la justicia tributaria ha de acompañarse de una mayor eficacia y eficiencia en el gasto público -ya que materialmente ha de legitimar las nuevas exigencias-, en especial tras haber entrado en la última Década de acción para el logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que orienta no sólo la política fiscal europea sino también la mundial.

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