La regulación agraria en Colombia o el eterno déjà vu hacia la concentración y el despojo: un análisis de las normas jurídicas colombianas sobre el agro (1991-2010)

En 2002 se promulgó la Ley de Mujeres Rurales en Colombia como resultado de las demandas de mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas por su reconocimiento como sujetos autónomos y su inclusión en los procesos de diseño e implementación de las políticas de desarrollo rural del país. Tras dieciséis años, el Estado colombiano se ha visto incapacitado, no solo para cumplir con las disposiciones de la ley, sino para abordar las desigualdades de género que afectan en particular a las mujeres rurales. La explicación que propongo es que, a pesar de que existe una preocupación por incorporar los temas de género en la agenda pública de desarrollo rural, el enfoque que ha prevalecido hasta el momento es el de la acción positiva que limita las discusiones sobre los sistemas y procesos que producen y reproducen las desigualdades de género.

Land restitution programmes, as part of transitional justice systems, make victims face obstacles to prove their material and legal relationship with their dispossessed land. The literature suggests that these obstacles can be overcome by changing the rules of evidence, such as reversing the burden of proof, introducing different legal presumptions and adopting alternative forms of evidence. In Colombia, the Land Restitution Law introduced changes to the rules of evidence for processing land restitution claims. In this article, we claim that this flexibilization of the rules of evidence is essential to guarantee the restitution of property rights to victims, based on a comparison of the evidentiary rules that must be fulfilled by the victims of land dispossession under two transitional justice systems, both of which have been implemented in Colombia in recent years.

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