<p>En virtud de las transformaciones socioeconómicas que se producen con posterioridad a la crisis 2001-2002 el Estado argentino implementó nuevas lógicas en materia de política habitacional.</p>La provincia de Tucumán fue una de las principales receptoras de fondos en este sentido, por lo que se propone como ámbito de estudio de esta investigación al área metropolitana de Tucumán, con un crecimiento urbano significativo en la última década. Este trabajo analiza las consecuencias urbanas, en particular, las producidas por el conjunto de programas socio-habitacionales de producción de viviendas, a fin de comprobar las continuidades y rupturas con respecto a planes anteriores. Se analiza el cumplimiento del rol del Estado como promotor del fortalecimiento y la integración comunitaria mediante escalas dos escalas de estudio: una metropolitana y otra barrial. En la primera se tuvieron en cuenta principalmente los efectos espaciales en la conformación del aglomerado metropolitano, y en la segunda, aspectos de carácter social.

El espacio urbano es un sistema complejo entendido como resultado de la relación dialéctica entre lo social y lo espacial cuyos procesos derivan en un desarrollo urbano desigual en un contexto mundial signado por el imperio de la globalización y el neoliberalismo. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre los procesos que inciden en la construcción de la ciudad a partir del análisis de las dinámicas de producción del suelo residencial, el reconocimiento de los actores sociales y sus interrelaciones. Metodológicamente, se identifican en el área metropolitana de Tucumán, tres dinámicas contrapuestas y/o combinadas (la producción inmobiliaria, estatal e informal). Además, se compara la evolución del suelo urbano en dos cortes espacio-temporales (2000 y 2023). El estudio muestra que la producción inmobiliaria es mayoritariamente destinada a los sectores sociales con mayores recursos, mientras que la producción informal se refiere a los sectores populares con escaso poder adquisitivo y condiciones de vulnerabilidad. La conformación socioespacial del aglomerado se basa en una combinación de decisiones y acciones a nivel local y de mercado. Esto deriva en un patrón fragmentado de urbanización que acentúa las desigualdades socioeconómicas y aumenta la exclusión social.

Los procesos de transformación socio-espacial por los que están atravesando las ciudades requieren repensar las estrategias de investigación urbana e incorporar herramientas de recolección de información que consideren la percepción que las personas tienen de su entorno. Este artículo tiene por objetivo indagar la forma en que los habitantes de los asentamientos informales perciben su propio espacio, a través de la elaboración de mapas cualitativos. La realización de estos mapas busca comprender la realidad socio-espacial desde la mirada de los actores sociales involucrados. Su construcción permite poner en evidencia situaciones de desigualdad en tres escalas: hogar, al considerar las familias del barrio; micro al analizar zonas puntuales en el interior de las ciudades (barrios) y macro al considerar estos resultados en relación con el resto de la ciudad. El enfoque metodológico propuesto combina el uso de técnicas cualitativas que se articulan con estrategias participativas. Para su desarrollo se toma como caso de estudio el barrio 11 de Enero, localizado hacia el noroeste del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán (noroeste argentino). El mismo se localiza en las zonas más degradadas, en un entorno que se caracteriza por elevados índices de informalidad, vulnerabilidad y pobreza.

En América Latina, la implantación del neoliberalismo como sistema económico ha llevado a un modelo de desarrollo con elevada heterogeneidad y desigualdad socioeconómica. De la mano de grandes cambios sociales y demográficos, las áreas urbanas experimentaron un acelerado desarrollo, crecimiento económico desigual en la distribución del ingreso, el aumento del desempleo y altos niveles de informalidad urbana. Enmarcado en esta realidad la producción del espacio urbano, se llevó adelante a través de la gestión de tres actores sociales: 1.el mercado inmobiliario; 2. el Estado nacional y 3. los asentamientos informales. De ellos, el estado cumple un rol fundamental en la construcción de la ciudad encauzando o restringiendo el desarrollo de ciertos espacios ya sea a través de la acción (implementación de políticas públicas, normativas, etc.) o de la omisión. En un contexto en el que persiste la ausencia de planificación, la carencia de un marco que defina el modo de ocupación del territorio, impone la lógica del mercado inmobiliario como criterio urbanístico principal, incluso para las actuaciones de promoción pública de vivienda. Ello impacta de modo negativo en la ciudad en la medida que favorece la especulación en manos del sector privado, produce segregación residencial y desigualdad en el acceso al suelo puesto que amplios sectores quedan fuera del mercado formal. Lo cual se tradujo en la conformación de áreas diferenciadas dentro de la ciudad agudizando la separación entre sectores sociales. A partir del 2003, en Argentina en virtud al crecimiento económico que se produce con posterioridad a la crisis 2001-2002, el Estado Nacional retomó los planes de vivienda a fin de dar solución al problema habitacional haciendo hincapié en programas de relocalización, radicación y regularización dominial de villas y asentamientos informales, articulando con trabajo cooperativo que implicaba la intervención una medida conjunta con el problema de desocupación. A las existentes políticas habitaciones de construcción de viviendas ejecutadas por los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV), se sumaron un conjunto de políticas sociales que articulan programas de diversos órdenes, nacional, municipal, provincial y del IPV. (Argentina Trabaja, Municipio+Cerca, PROMEVI, PROMEBA, etc) enlazando la problemática habitacional a la social. Sin embargo estas medidas no revierten el sentido dominante que poseen las políticas públicas en materia de vivienda (del Río y Duarte, 2012) puesto que la construcción de viviendas sin sustento normativo ni planificación, o la consolidación y regularización de asentamientos populares en áreas vulnerables, lejos de mitigar las desigualdades existentes, producen efectos negativos en la ciudad. En este contexto, este trabajo analiza las consecuencias de las nuevas políticas habitacionales en el Área Metropolitana de Tucumán (AmeT), a casi 10 años de implementación de un conjunto de medidas sociales específicas, en teoría tendientes a la equidistribución del acceso al suelo urbano. In Latin America, the implementation of neoliberalism as an economic system has led to a development model with high heterogeneity and socioeconomic inequality. The adoption of policies of liberalization, deregulation and economic flexibility, along with the withdrawal of the state of urban management, major changes occurred in the cities. In the hands of great social and demographic change, urban areas experienced rapid development, uneven economic growth in the distribution of income, rising unemployment and high levels of urban informality. Framed in this reality, the production of urban space, was carried out by the management of three social actors: 1.The real estate market; 2 and 3 the national state informal settlements. Of these, the state plays a key role in building the city damming or restricting the development of certain areas either through action (implementation of public policies, regulations, etc.) or omission. Therefore, in a context in which the lack of planning continues, the lack of a framework defining how land occupation imposes the logic of urban real estate market as the main criterion, even for actions of public housing development. This impacts negatively on the city to the extent that speculation favors the private sector, produce residential segregation and inequality in access to land as large sections remain outside the formal market. Which results in the formation of distinct areas within the city exacerbating the gap between social sectors. In Argentina, under the economic growth that occurs after the 2001-2002 crisis, the Federal Government returned home plans to solve the housing problem but with a twist to the social, to meet the needs of the most vulnerable sectors of society. From being solely residential construction (turnkey system) executed by the Provincial Housing Institutes (IPV), policies will be passed to a set of social policies that articulate programs of various orders, domestic, municipal, provincial and IPV. (Argentina Works, Municipality + Close, PROMEVI, PROMEBA Law Pierri implementation of regularization, etc.) that link to social housing problems. However, this has not had the expected results in relation to urban problems. While the need for regional planning was promoted through the PET National and Provincial (Regional Strategic Plan), all implemented programs were developed without proper management tools to define the criteria for the consolidation and development from the Federal Government city and thus ended conspiring against it, as a stage of collective life. The lack of training of local technicians, the use of these programs clientelitas purposes by local politicians and rampant corruption, contributed to aggravating the observed trends. This suggests that the construction of new housing or consolidation or regularization of squatter settlements in vulnerable areas without legal justification and planning, far from mitigating the inequalities, negative effects on the city. Under this hypothesis, this paper analyzes the impact of new housing policies in the Metropolitan Area of Tucumán (AMET), nearly 10 years of implementing a set of tending to the equal distribution of access to urban land social measures. It is concluded that the actions taken by the State produced an increase and consolidate the processes of fragmentation and emerging socio-spatial segregation of Tucuman AMET.