El artículo aborda el proceso de adopción y precario desarrollo del principio dela asociatividad territorial. Para ello, estudia de forma previa algunos Estadoseuropeos caracterizados por el máximo reconocimiento de la democracia yla autonomía local y por el impulso de dinámicas de cooperación territorialo de fusión o supresión de sus entidades territoriales. Se observa que ante lacrisis económica, el déficit fiscal o la imposibilidad de cumplimiento de lospostulados constitucionales y legales, además de la ausencia de capacidadesinstitucionales y económicas, surgen diversas propuestas de fusión, supresión,asociatividad o cooperación de las entidades territoriales. Las posibilidadesde fusión o supresión generalmente presentan mayor resistencia ante elposicionamiento histórico de la democracia y la autonomía local.
En el marco de constituciones identificadas como “neoconstitucionales”, del llamado “nuevo constitucionalismo o constitucionalismo democrático para América Latina” o del “constitucionalismo andino” han aflorado diversas formas de protección de la Pachamama, Madre Tierra o de la naturaleza como sujeto de derechos. Sin duda, tres lecturas distintas, con marcos epistemológicos o teóricos disímiles, pero unidas por la protección de La Tierra. Adopciones que han sido posibles en el marco de asambleas constitucionales con plural marca ancestral, silenciada por siglos, con el avance del pluralismo democrático e igualitario y de los principios que este irradia, así como del bloque de constitucionalidad. Las asimetrías en la adopción de estas formas más radicales de protección se deben estudiar tanto dentro de los textos constitucionales y legales como en la letra de las sentencias construidas con una hermenéutica que ha podido leer sin soberbia, con compasión y una marca menos antropocéntrica las luchas y los movimientos de aquellos/as que, desde abajo, se ubican como parte de un todo o que claman la protección de La Casa.
Resumen: A pesar de no haberse consagrado un título o capítulo especial sobre los derechos de la naturaleza o la naturaleza como sujeto de protección jurídica en la Constitución Política de Colombia de 1991, algunos principios, derechos de diversas clases, consagraciones especiales o explícitas en materia de derecho ambiental y el bloque de constitucionalidad han permitido la construcción real del concepto que se puede visualizar en diversos movimientos sociales, ambientalistas y de protección de la Madre Tierra, pactos sociales y políticos de diversos actores territoriales y nacionales, y pronunciamientos jurisprudenciales "heréticos", para la doctrina tradicional, que incluso han permitido pensar en una reforma constitucional para insertar esta novedosa categoría en el Texto Político de 1991.
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